Los principios generales del Derecho son un grupo de afirmaciones que se consideran racionalmente verdaderas y éticamente justas, y que sirven de fundamento al sistema jurídico de un Estado. Son principios, puesto que constituyen las bases sobre las que se sostiene, y a las que está subordinado, todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Son generales, pues no se aplican solo a algunas áreas específicas del Derecho o de la sociedad, sino que impregnan a todo el aparato de leyes y normas. Son de Derecho, puesto que no se trata simplemente de reflexiones morales bienintencionadas, sino de fórmulas técnicas pertenecientes al ámbito jurídico. Los principios generales del Derecho son inviolables, en el sentido de que si una sentencia va en contra de algunos de estos principios se considera que no hay Derecho en absoluto y, por tanto, la sentencia es ilegítima.Además, son la fuente más elevada de autoridad, en el caso de que el ordenamiento jurídico de un Estado no posea una legislación positiva en torno a una cierta actuación, o bien las leyes no resulten lo suficientemente específicas como para decidir en un caso determinado.Funciones de los principios generales del Derecho – Constituyen el fundamento ético y racional del ordenamiento jurídico del Estado. Tanto la Constitución como las leyes orgánicas, las normas y los reglamentos, que en conjunto conforman el Derecho positivo de un país, se derivan de los principios y deben ceñirse a ellos en todos sus detalles.– Proporcionan orientación a la hora de interpretar alguna ley o norma cuyo sentido y manera de aplicación podrían resultar ambiguas. – En caso de que no existan leyes ni costumbre según las cuales juzgar si una actuación determinada es conforme a Derecho o no, el juez puede recurrir a los principios generales como fuente de autoridad legítima con base en la cual dar sentencia. Algunos principios generales del DerechoLos principios generales del Derecho son numerosísimos, y siguen incrementándose en la medida en que la doctrina y el ordenamiento jurídicos evolucionan y se actualizan.Por otra parte, no todos los ordenamientos jurídicos se fundamentan exactamente sobre los mismos principios generales del Derecho. Aunque hay muchísimos principios en común, puede suceder que un cierto principio invocado en un país no forme parte del basamento jurídico en otro territorio. A continuación, vamos a conocer algunos de los principios generales del Derecho más comunes, dejando en claro que existen muchos otros.Las leyes deben ser para todos Es el principio de interés público. Un Estado debe gobernar para todos los habitantes de su territorio, todas las leyes deben estar sujetas al interés de la sociedad, no al interés del Estado. Esto se ve reflejado cuando se cambian las constituciones de los países: si se modifica un artículo o se añade a la constitución, debe ser para beneficiar a toda la población, no solo a una parte de ella o a una parte del Estado.Nadie debe ser condenado sin ser oído Este principio está relacionado con el debido proceso, que es el conjunto de garantías que el ordenamiento jurídico concede a todos aquellos que han sido acusados de un crimen. Y una de las garantías fundamentales en todo debido proceso es el derecho a la legítima defensa, es decir, a ser escuchado.Las famosas audiencias de Núremberg, donde se juzgaron los crímenes del régimen nazi, fueron justamente eso: un espacio donde los criminales de guerra expusieron sus argumentos en defensa propia ante los jueces, el jurado y los acusadores. Se entiende que hace la cosa aquel a cuyo nombre se hace Este principio establece que el responsable de un hecho punible no es solo aquel que efectivamente ejecuta el hecho, sino también quienes, ya sea por medio de un pago, ya sea desde el poder que les da una posición en la alta jerarquía, pueden considerarse como la causa del mismo. Es decir, lo que comúnmente se llama autoría intelectual de un delito. Un ejemplo de aplicación de este principio lo tenemos en el sicariato. Un sicario es un asesino a sueldo. Sin embargo, al momento de juzgar un caso de muerte por sicariato, la pena de cárcel no solo corresponde al asesino, sino también a quien encargó el crimen, a cuyo nombre se cometió. Otro ejemplo son los crímenes de lesa humanidad. Los responsables de un genocidio no son solo los militares que perpetraron la masacre, sino también los coroneles o generales que, desde su posición de poder, ordenaron el asesinato masivo.Lo que no está prohibido, está permitido Quiere decir que se puede hacer legalmente todo aquello que no esté taxativamente prohibido por la ley vigente. Por esta razón muchas empresas contratan firmas de auditoría que, al conocer bien la ley y sus falencias, consiguen reducir significativamente las sumas que sus clientes deben pagar en impuestos, ahorrándoles dinero sin violar la ley. Quien sabe y consiente no recibe injuria ni engañoQuiere decir que, si una persona tiene la madurez y salud mental necesarias para comprender las intenciones del otro, y además está de acuerdo con ellas, no puede considerarse una víctima, ni de engaño ni de agresión, pues actúa según su libre albedrío.La aplicación de este principio se observa en la legislación sobre abuso sexual vigente en muchos países del mundo. Para que exista tal crimen, es necesario que la víctima no sepa, no consienta o no sepa ni consienta. Pongamos como ejemplo el caso de un menor de edad. Incluso en el caso de que este consintiera con las intenciones del adulto, existiría un caso de abuso, pues la ley asume que, por su propia minoría de edad, no es posible que el menor tuviera plena conciencia de lo que ha sucedido. De abuso sexual se trataría también si la víctima, consciente o no de las intenciones del abusador, no lo tolera y se resiste ante las acciones de este último. Todos somos iguales ante la leyEs el principio que afirma que la ley debe tratar en igualdad de condiciones a cualquier individuo (hombre, mujer, y perteneciente a cualquier nacionalidad, ideología política, creencia religiosa, etc.). Lo mismo se aplica si comete algún delito: la ley debe ser imparcial y castigar con la misma pena establecida en las normas jurídicas a un funcionario que a un ciudadano común, a una persona que tiene recursos económicos que a una que no posee nada. El que afirma está obligado a probarSupongamos que un periodista acusa de malversación de fondos, ante los tribunales, a un cierto funcionario del Estado. Pues de acuerdo con este principio del Derecho, corresponde al periodista el trabajo de demostrar, pruebas en mano, la culpabilidad del acusado.El acto en sí de acusar no compromete legalmente, en primera instancia, al acusado, sino al acusador. El acusado deberá responder solo cuando las pruebas provistas por el acusador hayan sido revisadas y aceptadas por el tribunal.